Educación, religión y la pugna por el 24. La historia reciente

De Ensenada a Yucatán y de uno a otro océano, miles de personas con y sin creencias religiosas – masones, judíos, ateos, hindúes, liberales, cristianos de todas las denominaciones, musulmanes, agnósticos, budistas – han manifestado su oposición a la reforma al Artículo 24 que la Cámara de Diputados aprobó el 15 de diciembre.

Joaquín Bohigas Bosch*

Firmado por casi 1,400 ministros y organizaciones religiosas, el 2 de febrero se publicó un gran desplegado titulado “Declaración Ciudadana México Laico. En rechazo a la reforma del Artículo 24 constitucional”. Hay enojo y preocupación porque existe la convicción de que “desde Salinas de Gortari… han tratado de establecer nexos con la Iglesia mayoritaria para que nuevamente vuelva a tomar el poder y nos someta a sus ordenanzas” (Valadez, Conexión Total, 02-02-2012).

A los que nos gusta el Estado laico, desde hace rato tenemos motivos sobrados para preocuparnos por las intenciones de los altos mandos de la Iglesia Católica y sus poderosos aliados en el gobierno. Pero la reforma que finalmente aprobaron los diputados, distinta a la que llegó de la Comisión de Puntos Constitucionales, no parece ser uno de ellos. El texto propuesto es el siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.”

La redacción es pobre, pero no contiene una amenaza evidente al Estado laico. Más aun, el texto tiene muchas coincidencias con el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se ha suscrito nuestra Nación, y no presenta diferencias de sustancia con el Artículo 24 vigente. Quizá peco de inocente, pero pienso que el país no va a ser mejor o peor si los senadores ratifican o no esta reforma.

Entonces, ¿qué pudo haber motivado las movilizaciones de la polícroma comunidad empecinada en defender el Estado laico? Probablemente el siguiente párrafo propuesto por la comisión y rechazado por el pleno de la Cámara: “Sin contravenir lo prescrito en el artículo 3o de ésta Constitución, el Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. No fueron los únicos que dieron por aprobado este texto. A mediados de enero el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, ordenó analizar la posibilidad de implementar la educación religiosa en las escuelas estatales, porque tres días antes el Arzobispo de León había solicitado incluir la religión en la educación pública (El Economista, 15-01-2012). Oliva, como muchos otros gobernantes estatales y federales, parece estar más comprometido con la Iglesia Católica que con la Constitución mexicana.

El Estado de El Vaticano lleva tiempo insistiendo en que las escuelas públicas abran sus puertas a la instrucción católica. Ésta ofensiva política incluyó a la 92 Asamblea Plenaria del Consejo del Episcopado Mexicano (CEM), celebrada en noviembre 2011, cuyo objetivo general fue “Que todos los miembros de la Iglesia en México asumamos, como responsabilidad propia y prioridad pastoral, colaborar de manera efectiva desde nuestra misión, en la respuesta a la emergencia educativa por la que nuestra Nación y la Iglesia se encuentran transitando” (Aguiar Retes, Presidente del CEM, 08-11-2011). Quizá es casual, pero los diputados aprobaron su proyecto de reforma al Artículo 24 un mes después de que el Subsecretario de Educación Superior asistiera a la Asamblea del CEM y Calderón invitara a los más de cien Obispos a un encuentro/cena en la residencia de Los Pinos, donde probablemente conversaron sobre la posibilidad de que la Iglesia Católica pueda evangelizar dentro de las escuelas públicas (El Universal, 03-11-2011).

¿Qué entienden por emergencia educativa los obispos reunidos en el CEM? Por una parte, plantean que “en la raíz de la crisis de la educación, hay una crisis de confianza en la vida” (Pierre, Nuncio Apostólico en México), producida por una pérdida de valores morales y espirituales que solo puede ser remediada si el Estado permite que haya instrucción católica en las escuelas públicas. Por otro lado, también afirman que hay una “emergencia educativa, que consiste en una acción urgente e inmediata para superar la creciente dificultad que encontramos para trasmitir la fe” y revertir su decreciente influencia (el porcentaje de la población católica disminuyó de 92.6% a 83.9% entre 1990 y 2010). Esta acción urgente consiste en tener acceso a la población que asiste a escuelas públicas para, en sus palabras, “educar evangelizando y evangelizar educando”.

La jerarquía católica se dice satisfecha con la reforma aprobada por los diputados, pero es claro que está lejos de su objetivo final.

Intenté hacer un relato objetivo de los acontecimientos más recientes de ésta larga e inconclusa historia. Ahora toca revisar y analizar que se entiende por educación religiosa y política, la importante diferencia entre educar y adoctrinar y las ventajas y riesgos que tiene exponer a los jóvenes al adoctrinamiento político y religioso dentro de la escuela. Será en otro artículo.